Estamos a su disposición para efectuar cualquier reclamo ante su Obra Social o Empresa de Medicina Prepaga por denegación de cobertura, falta de autorización de prácticas, inclusión en su cuota de adicionales por edad y/o cualquier otro hecho que implique el no tener acceso a su Derecho a la Salud.



martes, 25 de agosto de 2015

Reflexion: las empresas de transporte y la discapacidad

Usualmente no tengo por costumbre escribir en este blog  experiencias personales, limitándome a la publicación de sentencias sobre temas relacionados con el derecho a la salud que pueden ser de utilidad para colegas y lectores en general.
Hoy hago una excepción ya que lo que voy a relatar no solo es vivido y soportado por muchos de nosotros, sino también  puede ser de utilidad para todos.
Como muchos saben, tuve hace cinco años Sindrome de Guillain Barre, una enfermedad  autoinmune, que me mantuvo internada siete meses de mi vida y varios años de rehabilitación. Aun asi, si bien estoy recuperada, tengo una secuela  en los miembros inferiores que implica que no camino bien y certifique mi discapacidad de acuerdo con la normativa vigente.
En contadas ocasiones he hecho uso del beneficio de viajar gratis en micros de larga distancia, para ir a San Bernardo cuando no puedo viajar en auto con mi pareja, usualmente por  temas laborales. No habrán sido mas de 3 o 4 veces desde que obtuve el certificado de discapacidad en octubre de 2012.
Ultimamente el intentar viajar – aun en INVIERNO – se ha tornado una odisea.  Y hoy fue la gota que colmo el vaso por lo cual me permito escribir estas líneas.
Concurrí a la Terminal de Retiro con la intención de viajar a San Bernardo el jueves 27  por la tarde.  Hay una ventanilla donde se hace el tramite pero hay que saber  en que compañía viajar al destino elegido y el horario. Pase por Plusmar, donde siempre he viajado a la costa.  Y ahí cometí el error, dije que viajaría con el beneficio del certificado de discapacidad. Automáticamente me dijeron que no había pasaje para le jueves porque “era fin de semana”(textual) y que podía viajar el sábado (bárbaro me vuelvo el domingo…) Destaco que solo necesitaba el pasaje de ida, a la vuelta me trae en auto mi pareja.
Decepcionada, averigue en la oficina del al lado del Rápido Argentino quienes me dijeron que había para el jueves a las 15 y a las 17. Nuevamente dije voy a hacer el trámite para sacarlo con el certificado de discapacidad y …no había pasaje! Con el agregado de “y no se sienta discriminada” …. Tiene que ir a la ventanilla 166 etc. Aca no….
Fui a hacer el trámite a la ventanilla correspondiente para obtener el beneficio del pasaje gratis y me ofrecen viajar en El Condor: con un viaje en el cual el micro entraba en todas las localidades de la ruta 2 (ej Lezama , Chascomus) lo que hace que el viaje a San Bernardo de 3 hs y media en auto se transforme en 7 hs en micro.
Asi que me dirigi a la oficina de la Comisión Nacional de Transporte que esta en Retiro para hacer la queja y conseguir viajar: no era la única, había mas de 10 personas con el mismo problema. O sea todas las empresas en AGOSTO, no tenían pasaje para viajar a varias localidades del país porque estaban ocupados TODO LOS LUGARES. Importante repunte del transporte automotor de pasajeros de larga distancia!!!! Y sobre todo EN PLENO INVIERNO
Pasa el tiempo y solo podía viajar a ultima hora de la noche (cerca del las 23 del jueves 27) cosa que no acepte por seguridad . Entonces me ofrecen viajar el 28 a las 6 de la mañana. Perdido por perdido, decidi optar por ese viaje.
Grande fue mi sorpresa cuando voy (nuevamente) al Rápido Argentino ventanilla 166 y ya dispuesta a viajar el vienes a la mañana, consulto y aparece un pasaje para el 27/8 a las 18 hs. Horario que tome para viajar. Todo gracias a la buena voluntad de la Srta. Que me atendió. Eso si, me dieron un “papelito” el pasaje lo tengo que retirar una hora antes de viajar..
De mas esta decir que hice la correspondiente denuncia de lo anterior. Y como nota de color la me indican en la comisión nacional de transporte que mucha gente abusa y viaja mucho por vacaciones (discapacitados se entiende) . Creo recordar que mi fisiatra me mando a que tenga vacaciones después de siete meses de internación. Eso hizo que Galeno (mi prepaga) me cortara la rehabilitación ya que (y cito) “una persona que se va de vacaciones esta sana  y no necesita rehabilitación” . O sea una persona que tiene por ejemplo una enfermedad terminal no puede pasar unos días con su familia mirando el mar, el cielo, o la sierra. Tiene que vivir pensando en su dolencia las 24 hs del dia, por el riesgo de perder su tratamiento.
Por ultimo me permito hacer las siguientes  reflexiones:
El viaje sin cargo no el un “regalo” es un derecho, regulado por ley. Y en el caso de transporte terrestre no hay un limite de viajes por año. No se si es justo o injusto, es lo que dice la ley. Y lo que se me informo hoy.
Si, me sentí discriminada, porque si hubiera pagado el pasaje viajaba cuando quería y a la hora que quería.
Tengo una ventaja al ser abogada y conocer lo que hacen las empresas al tener que dar un beneficio gratuito:  lo posible para que el beneficiario no lo pueda obtener. Eso es lo que pasa con las empresas de transporte y prepagas /obras sociales en mi experiencia personal. Me dio veguenza ajena ver como era tratada por las empresas de transporte, gente que estaba en la fila reclamando lo mismo. Yendo y viniendo de ventanilla en ventanilla para decirle a los empleados de la Comision de Transporte que no había pasajes. Me consta que ellos mismos fueron a averiguar en mi caso (y en el de otros) si había disponibilidad  y les decian lo mismo. Todos los micros llenos, en invierno, a la costa por ejemplo?? raro no?.
Fui la única que hizo la denuncia (Nº 25869)
Nos falta educación, empatía (ponerse en el lugar del otro) y respeto.     
Nadie quiere estar discapacitado, nadie se “discapacita” a propósito por conseguir un beneficio. Por si alguno necesita aclaración: no lo hicimos a propósito, nos toco en la rueda de la vida y muchos vivimos dignamente de nuestro trabajo (los que tenemos la suerte de poder trabajar) y otros con su vida hacen feliz a mucha gente de lucha por ellos (pienso en los padres de  chicos con capacidades diferentes )
Me prometi a mi misma que nunca mas  derramo una lagrima  por estos temas. Voy a dedicarme a cumplir con la definición de Justicia que aprendi en la facultad en Derecho Romano en primer año: Vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Y hace cumplir la ley, es dar a cada uno lo suyo. Y denunciar lo que no se cumple es dar a cada uno lo suyo. No quedarse en la queja. Hacer el reclamo por escrito va a lograr que alguna vez a la larga esto comience a cambiar. Aunque cueste, nos de bronca e implique ocupar algo de nuestro tiempo. Démosle a cada uno lo suyo
Disculpen lo extenso, y muchas gracias a todos por  la deferencia de leer estas reflexiones

Dra. Patricia Mennella
Abogada
Tº 37 – Fº 10 CPACF








viernes, 17 de julio de 2015

La Justicia ordenó que se otorgue cautelarmente la cobertura total de las prestaciones para una mujer que padece esquizofrenia de tipo indiferenciado. El Tribunal razonó que una decisión contraria “puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida de la actora, ante la suspensión de su tratamiento o cambio de los prestadores habituales”.

La Cámara Civil y Comercial Federal ratificó una medida cautelar dictada a fin de que se garantice la cobertura integral del 100% de las prestaciones médicas, psiquiátricas, farmacológicas y psicológicas de una mujer que padece “esquizofrenia de tipo indiferenciado”.
La decisión se dio en autos “A. M., M. E. c/ OSDE s/ Amparo de Salud”, en donde los camaristas María Susana Najurieta, Ricardo V. Guarinoni y Francisco de las Carreras rechazaron los cuestionamientos que hizo la demandada, que sostenía que no estaba obligada a cubrir el tratamiento psiquiátrico y psicológico con los profesionales que la estaban tratando.
Los jueces apelaron a la letra de la ley 24.90, que “instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos” para justificar la medida.
Entendieron que se daban los requisistos de verosimilitud del derecho, primero, y de peligro en la demora, después. Sobre la verosimilitud del derecho, dijeron: “la ley 24.901 hace inmediatamente operativa la obligación de los agentes de salud y de las empresas médicas de cubrir en forma “integral” las prestaciones que requieren las personas afectadas por una discapacidad”.
Consecuentemente, para la Cámara “la amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33), sin perjuicio del alcance que se precise al momento de dictar sentencia definitiva”.
“En base a lo argumentado por la demandada con relación al peligro en la demora, se debe resaltar que este Tribunal ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resultan suficientes para tenerlo por acreditado la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto”, agregó la sentencia.
Los magistrados le otorgaron preminencia a lo dictaminado por el cuerpo Médico forense para resolver la cuestión en favor de la pretensión de la actora. El organismo había recomendado que la afectada “pueda contar con un dispositivo terapéutico que, además de aportar estabilidad psíquica y emocional, pueda contar con el suficiente acompañamiento terapéutico que evite una nueva recaída e internación”, y que era necesaria la continuación del tratamiento ambulatorio.
“En tales condiciones, considerando los términos de la prescripción de la médica tratante (cfr. fs. 4/5), las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, ponderando los superiores intereses de la amparista (discapacitada) y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la solución final de la controversia, cabe concluir que la decisión denegatoria puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida de la actora, ante la suspensión de su tratamiento o cambio de los prestadores habituales”, selló la sentencia.

(Fuente: Diario Judicial.com - http://www.diariojudicial.com/contenidos/2015/06/09/noticia_0004.html)



Establecen que la prepaga debe cumplir con el pago de servicio de enfermería domiciliaria requerido por un menor discapacitado y no bajo la modalidad de reintegro

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la intimación efectuada a una empresa de medicina prepaga a los efectos de que cumpla la medida cautelar que le ordena abonar el servicio de enfermería domiciliaria utilizado por un menor discapacitado en forma directa al prestador y no bajo la modalidad de reintegro ofrecida.


En los autos caratulados “Medicus S.A s/ incidente de apelación”, el juez de primera instancia intimó a la demandada el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta en el expediente arbitrando las medidas necesarias para abonar el servicio de enfermería domiciliaria en forma directa al prestador y no bajo la modalidad de reintegro ofrecida.


Esa resolución fue apelada por la Medicus S.A., quien cuestionó que se hubiese ordenado la contratación directa de una empresa cuyo presupuesto había aceptado cubrir mediante reintegro, mas no abonándole en forma directa. Puntualizó que la actitud adoptada con ese servicio por los padres del menor condujo al agotamiento de sus recursos en el área de enfermería.


A su vez, la recurrente alegó que la decisión de grado resulta violatoria de su derecho al imponerle la celebración de un contrato particular con un tercero ajeno a este proceso, quien no ha sido consultado al respecto, y en condiciones distintas de las que negocia con sus prestadores.


Los magistrados que componen la Sala II juzgaron que no existen pruebas sobre el agotamiento de los recursos de Medicus S.A. para satisfacer la prestación, debido a que “no resulta verosímil que una empresa de medicina prepaga carezca de la posibilidad de contratar un determinado número de profesionales de la enfermería para satisfacer un servicio requerido por uno de sus cuya procedencia no es materia de debate”.


En tal sentido, los Dres. Ricardo Guarinoni, Alfredo Silverio Gusman y Graciela Medina entendieron que “lo dicho precedentemente lleva a puntualizar también que lo decidido en autos no implica obligar a la demandada a contratar con alguien en particular, sino a adoptar las medidas necesarias para brindar una prestación requerida por un afiliado en el marco de las disposiciones de la ley 24.901”.


En la resolución dictada el 16 de marzo pasado, el tribunal recordó que la Ley 24.091 “no se limita a prever cobertura económica para las necesidades de las personas con discapacidad, sino que instituye "un sistema de prestaciones básicas de atención integral"”.


Al juzgar apropiado lo resuelto en la instancia de grado, la nombrada Sala concluyó que “parece razonable sostener que la demandada realiza habitualmente esta clase de pagos directos a profesionales de la salud y a instituciones que brindan servicios en ese ámbito”, por lo que “esta modalidad de cumplimiento no sería algo extraño a su giro habitual, mientras que libera a los familiares del actor de realizar un desembolso mensual para después solicitar un reintegro por ese monto”.



viernes, 26 de diciembre de 2014

Ordenan a prepaga brindar cobertura de la totalidad del costo del geriátrico ajeno a la cartilla en el que se encuentra internada una afiliada

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar que ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir la totalidad del costo de internación en el instituto geriátrico en el que la afiliada se encuentra actualmente alojada, aunque dicho instituto no se encuentre en la cartilla.
Ambas partes apelaron la resolución de primera instancia dictada en la causa “K. P. S. c/ OMINT de servicios S.A. s/ amparo de salud“ que decretó la medida cautelar y, en consecuencia, ordenó a la demandada que arbitrara las medidas para que en el plazo de dos días su afiliada recibiera la cobertura integral de internación en la institución "Ledor Vador", hasta el monto que surja de las actualizaciones del arancel correspondiente a Hogar Permanente con Centro de Día, Categoría "A", prevista en la resolución n°428/99 del Ministerio de Salud.
En su apelación, la accionante alegó en sus agravios que la ley de discapacidad 24.901 prevé que la cobertura a favor de personas con discapacidad será integral, mientras que en la resolución apelada el Juez de primera instancia limitó la cobertura al monto que surja del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, que no es la cobertura integral de la citada ley.
A su vez, remarcó que el médico tratante desaconsejó el traslado de la paciente y que la obra social no ofreció prestadores propios especializados.
Por su parte, la demandada sostuvo que otorgará la cobertura de una institución, siempre y cuando ésta se encuentre debidamente inscripta en el Registro Nacional de Prestadores para Personas con Discapacidad, a la vez que se quejó de la decisión de grado porque la paciente no requiere rehabilitación.
Los jueces de la Sala I señalaron que “la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1)”.
En relación a las obras sociales, los camaristas señalaron que “dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2)”, agregando que “entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18)”.
A su vez, agregaron que “la ley 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19)”.
Luego de resaltar que “la amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33)”, el tribunal recordó que “la ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28)”.
Debido a que “el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia”, los Dres. María Susana Najurieta, Ricardo Víctor Guarinoni  y Francisco de las Carreras juzgaron que “la concesión de la medida precautoria solicitada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la paciente discapacitada que padece una grave enfermedad (diagnóstico de demencia)”.
En tal sentido, los jueces resolvieron que “en el estado preliminar en el cual se encuentran las actuaciones, en el cual todavía no se produjeron la totalidad de las pruebas, debe confirmarse la resolución que ordenó a la demandada que otorgue la cobertura de internación en la institución en la cual se encuentra alojado en la actualidad”.
Por otro lado, en el fallo del 12 de agosto del presente año, los jueces explicaron que si bien “la demandada criticó que la parte actora haya elegido e internado al paciente en una institución que no pertenece a la cartilla de prestadores”, puntualizaron que “no surge de las actuaciones que la demandada apelante haya puesto a disposición del paciente alguna otra institución propia a los efectos de recibir y tratar a la paciente”, mientras que “la resolución apelada ordenó que la cautelar se cumpla en la institución en la cual se encuentra actualmente la actora (que es lo que indicó el médico tratante), de manera tal de garantizar el acceso al sistema de salud de la actora”.
Con relación a la extensión de la cobertura, la mencionada Sala ponderó que “mientras se sustancia la causa y hasta tanto se dicte el pronunciamiento definitivo, resulta apropiado ampliar la cobertura hasta cubrir el 100% del costo de la misma, dado que otorgar una cobertura parcial o limitada a los valores del nomenclador, podría derivar en una concreta denegación del servicio de salud que requiere la paciente discapacitada”.
Al pronunciarse en tal sentido, resaltaron que “la demandada no ofreció otro centro de internación propio y los términos de la prescripción médica, que dan cuenta del precario estado de salud de la paciente discapacitada y de la necesidad médica de que continúe en la institución en la que se encuentra en la actualidad, ante la contraindicación de su traslado”.
Por último, y teniendo en cuenta que la resolución apelada nada dispuso sobre la prestación de rehabilitación, los jueces entendieron que los agravios de la demandada dirigidos en su contra resultan insustanciales.


Ordenan a prepaga brindar cobertura cautelar del tratamiento neurolingüístico indicado a la afiliada por el médico tratante

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ordenó a una empresa de medicina prepaga brindar cautelarmente la cobertura pretendida para el tratamiento neurolingüístico pretendida por el amparista, de acuerdo a lo indicado por el médico tratante.
En los autos caratulados “J. D. C. y otros c/ OSDE s/ medidas cautelares”, el juez de primera instancia admitió la petición cautelar formulada por la actora, ordenando a la Organización de Servicios Directos Empresarios -OSDE- garantizar a la menor C. J. D. la cobertura de las prestaciones allí detalladas con los profesionales que actualmente la asisten.
Tal decisión fue apelada por la demandada, quien destacó la coincidencia total que existe entre el objeto de la medida precautoria y la pretensión deducida, afirmando que ello implica pronunciarse anticipadamente sobre el fondo del asunto.
La recurrente cuestionó la verosimilitud del derecho invocado, señalando que no ha mediado negativa de su parte e invocando la cobertura que ha brindado a su adversaria, señalando que ese extremo ha sido silenciado. A su vez, recordó que las prestaciones previstas en la ley 24.901 deben ser brindadas mediante servicios propios o contratados por las obras sociales y entidades de medicina prepaga, afirmando que en el caso no se verifican las condiciones que permiten hacer excepciones a ese principio.
Los magistrados que integran la Sala II aclararon en primer lugar que “la coincidencia entre el objeto de la medida precautoria y el de la acción no es, por sí mismo, un argumento válido a los efectos de obtener la revocación de la decisión apelada”.
Con relación a las sesiones de tratamiento neurolingüístico, los Dres. Ricardo Víctor Guarinoni, Alfredo Silverio Gusman y Graciela Medina tuvieron en cuenta que no se ha indicado un lapso determinado.
Sentado ello, los camaristas determinaron que la demandada “no ha controvertido la necesidad de la actora respecto del tratamiento neurolingüístico y, por otra parte, en el intercambio epistolar previo a la etapa judicial tampoco ofreció otros profesionales o instituciones que pudieran brindar el servicio requerido por su adversaria ni adoptó las medidas necesarias para realizar las acciones de evaluación y orientación que contempla el art. 11 de la ley 24.901”.
En base a ello, y “a los efectos de no poner en riesgo la continuidad del tratamiento que le ha sido indicado a la niña”, la mencionada Sala concluyó que “corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior, teniendo en cuenta que la obligación a cargo de la demandada no queda librada al arancel que pudiera fijar en forma unilateral el prestador seleccionado por los padres de la menor sino que tiene como límite los importes previstos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad (Resolución N° 428/99 del Ministerio de Salud y sus modificaciones)”.


Ordenan a Prepaga brindar cobertura total de la prestación de maestra integradora en jornada doble

Teniendo en cuenta que la cobertura de la prestación de maestra integradora que venía cubriendo la empresa de medicina privada a razón de cuatro horas diarias de lunes a viernes, se vio incrementada por el comienzo de la jornada escolar doble, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ordenó a la demandada brindar cobertura total de la prestación de maestra integradora en jornada doble.
El juez de primera instancia decidió en la causa “K. T. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo de salud”, hacer lugar a la demanda promovida por T. K. y K. A. A. C. por sus propios derechos y en representación de su hijo menor T. K., condenando a Swiss Medical S.A. a otorgar cobertura total a la prestación de maestra integradora en jornada doble, según la correspondiente prescripción médica y bajo la modalidad utilizada, con costas.
Esa decisión fue apelada por la demandada, quien afirmó que los fundamentos del fallo contrarían disposiciones legales vigentes, imponiéndole una cobertura excesiva que no le corresponde asumir.
En sus agravios, la recurrente refirió que el juzgador había omitido los límites y alcances que surgen de la reglamentación de la ley 24.901, ya que de acuerdo con lo resuelto en autos deberá abonar el doble de lo que establece el nomenclador. A ello, añadió que pretende cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la normativa vigente, pero que se debe observar el tope establecido por dicha normativa.
Los magistrados que componen la Sala II señalaron que “el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevé dos aranceles diferentes: uno por hora y uno mensual”, mientras que “la norma establece que las prestaciones que se brindan por sesiones no podrán superar la cantidad de diez semanales y que cuando ese límite sea superado, deben considerarse en alguno de los módulos previstos, que en el caso es el mensual”.
Si bien en esa modalidad se venía brindando el apoyo a la integración escolar del niño hasta que su paso a la sala de 5 años implicó el comienzo de jornada doble, los camaristas explicaron que esa circunstancia llevó a duplicar el tiempo de la prestación, pasando de veinte a cuarenta horas semanales.
Luego de recordar que “la doctrina judicial ha destacado en múltiples ocasiones el carácter integral de la cobertura prevista en la norma”, los Dres. Ricardo Víctor Guarinoni, Alfredo Silverio Gusman y Graciela Medina entendieron que “en tanto la cobertura de la prestación que anteriormente cubría la demandada a razón de cuatro horas diarias de lunes a viernes se vio incrementada por el comienzo de la jornada escolar doble, es razonable que el arancel haya sido incrementado proporcionalmente”.
En base a ello, la mencionada Sala sostuvo en la sentencia dictada el 15 de mayo del corriente año, que “la resistencia de la apelante no cuenta con justificación suficiente en el hecho de que abona la suma que actualmente establece el nomenclador para la prestación mensual”, ponderando que “no se encuentra controvertida la necesidad del niño, y también que tal postura implicaría brindar una cobertura parcial de dicho requerimiento, en oposición a la integralidad que prevé la ley 24.901”.