Estamos a su disposición para efectuar cualquier reclamo ante su Obra Social o Empresa de Medicina Prepaga por denegación de cobertura, falta de autorización de prácticas, inclusión en su cuota de adicionales por edad y/o cualquier otro hecho que implique el no tener acceso a su Derecho a la Salud.



miércoles, 24 de agosto de 2011

Fertilización: los jueces contra la ley

Un tribunal bonaerense determinó que la Ley de Fertilización Asistida provincial es inconstitucional debido a que limita la posibilidad de recibir tratamiento a mujeres de entre 30 y 40 años. Los argumentos en contra de la normativa.

En lo que va de 2011, los fallos a favor de parejas que solicitaron el tratamiento de Fertilización Asistida (a nivel federal) se hicieron notorios. En todos los casos se trataba de una prestación que no se encontraba en la oferta de las obras sociales o empresas de medicina prepaga, pero distintos tribunales estimaron que eso no era excusa para no brindar el servicio.

Asimismo, la provincia de Buenos Aires sancionó una Ley en la que se estimaba que las empresas de medicina prepaga y obras sociales debían incluir dentro de su oferta el tratamiento de Fertilización Asistida.

Pero en este caso el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Lanús, integrado por los jueces Miguel Ángel Díaz Casas, Jorge Daniel Candis y Luis Alberto Gómez, determinó que esa normativa tenía un carácter inconstitucional al limitar la edad de los beneficiarios que pueden ser alcanzados por la legislación bonaerense.

Al respecto, el magistrado Miguel Ángel Díaz Casas aseguró en el fallo que la Ley 14.208 "el Estado Provincial, a través de sus efectores públicos, deberá otorgarlos citados tratamientos destinados a garantizar los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, con dos años de residencia en la misma, preferentemente a quienes carezcan de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral en el sistema de seguridad social y medicina prepaga".

Asimismo remarcó el decreto 2980/10 inherente a esa legislación que indica que "el derecho a la salud ha sido reconocido expresamente en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Que la Ley 14208 tiene por objeto el reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad, de conformidad con los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud".

"Que asimismo se reconoce la cobertura médico asistencial integral de las prácticas médicas a través de las técnicas de fertilización homólogas reconocidas por dicha Organización."

Por eso, el juez Díaz Casas aseveró que del decreto no "surge fundamento alguno que permita darle sustento al límite de cobertura basado en la edad mínima y máxima de la requirente, que aparece en forma totalmente abrupta y artificiosa en el Anexo Único".

A su vez, el magistrado Luis Alberto Gómez precisó que "el artículo 4 del Decreto 2980/10 no da mayores fundamentos científicos o biológicos de por qué la banda de edad oscila entre los 30 y 40 años y no antes o después. El artículo restringe el derecho a la Salud".

En tanto, el juez Jorge Daniel Candis votó en disidencia alegando que "el Decreto 2980/10 establece una limitación razonable de las personas entre 30 y 40 años de edad".

"Dicha reglamentación, a mi entender, no viola en ningún momento lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Cabe agregar que la Ley 14.208 de Reproducción Humana Asistida dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, normativa que implicó un avance sustancial en cuanto al reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud."

El VIH no puede impedir una fertilización in vitro

La Procuración Fiscal ante la Corte dictaminó que OSDE debe cubrir el tratamiento de fertilización “in vitro” de una pareja cuyo cónyuge padece HIV. Los jueces sostuvieron que si bien “la actividad que asumen estas entidades de medicina prepaga presenta rasgos mercantiles… Su actividad tiende a proteger las garantías a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas”.

La Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema, Marta Beiró, dictaminó que debería revocarse un fallo de la Cámara Civil y hacer lugar a la presentación de una acción de amparo realizada por una pareja contra OSDE para que le sea cubierto un tratamiento de fertilización in vitro.
La pareja, afiliada a la obra social desde el 2005, presentó la acción de amparo y medidas cautelares contra la empresa de medicina prepaga puesto que desde 1997 el hombre de la pareja padece HIV y que “por dicho padecimiento ha sido y es asistido por OSDE sin ningún tipo de objeción”, por lo que “peticionaron a la accionada la cobertura precedentemente señalada, con el objeto de evitar el contagio a su cónyuge e hijo por nacer”.
En la causa, “CLM y otro c/ OSDE s/ amparo”, la sala I de la Cámara Civil confirmó una decisión de primera instancia que rechazó el pedido de la pareja puesto que la prestación solicitada “no está destinada al tratamiento de la enfermedad del actor -HIV-, ni se trata de una enfermedad intercurrente de éste conforme refieren los actores” sino de un tratamiento “destinado a sortear el impedimento que ésta representa para la procreación natural sin riesgo de contagio para la madre y el niño por nacer”.
“La situación planteada no puede distinguirse de la de aquellas personas que padecen infertilidad, por lo que corresponde aplicarles iguales principios” sostuvieron los camaristas civiles, razón por la cual propiciaron el rechazo del pedido.
Tras lo cual los accionantes presentaron un recurso extraordinario federal en el que sostuvieron que la Cámara había asimilado el caso “a los tratamientos de fecundación asistida prescriptos a parejas no enfermas de SIDA” por lo que “realizó una equivoca interpretación de la legislación vigente específicamente aplicable para la atención de la salud de las personas afectadas por el HIV y que invocó un inexistente vacío legislativo”.
Ante esto, la procuradora ante la Corte sostuvo que “el sistema legislativo vigente resguarda no sólo la cura de la enfermedad del actor -HIV- (como parecen sostener los jueces de la causa cuando dicen "la prestación solicitada no está destinada al tratamiento de la enfermedad del actor ... sino a sortear el impedimento ... para la procreación sin riesgo de contagio") sino que impone a las entidades vinculadas al sistema de salud hacerse cargo de las prestaciones necesarias para evitar su transmisión entre las que se encuentra el procedimiento médico solicitado”.
“En efecto de la prueba pericial médica emanada del Cuerpo Médico Forense surge que es menester la realización la fertilización in vitro para obtener semen con carga viral negativa. Es decir que esa es la vía adecuada para reducir el riesgo de traslado del virus de HIV o su posible contagio en el objetivo propuesto: el embarazo de la actora”, agrega.
Asimismo sostiene que la circunstancia de que el tratamiento no esté contemplado en el PMO (Plan Médico Obligatorio) “no resulta entender razón suficiente para rechazar el reclamo, dada la hermenéutica extensiva y no restrictiva que en materia de prevención del SIDA emana de las leyes 23.798, 24.455, 24.754”.
Concluyendo en que “en dicho contexto de prevención, pretender equiparar la situación puntual de los actores con la de las parejas que sufren de infertilidad resulta un argumento aparente que, de un lado, soslaya la aplicación de las referidas leyes de orden público que imponen a las obras sociales y entidades de medicina prepaga hacerse cargo de las prestaciones necesarias para evitar el contagio de dicho mal .Y, de otro, importa un apartamiento del problema litigioso”.
“Si bien, en principio, la actividad que asumen estas entidades de medicina prepaga presenta rasgos mercantiles… su actividad tiende a proteger las garantías a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, por lo que adquieren un cúmulo de compromisos que exceden o trascienden el mero plano negocial”, consignaron.