Estamos a su disposición para efectuar cualquier reclamo ante su Obra Social o Empresa de Medicina Prepaga por denegación de cobertura, falta de autorización de prácticas, inclusión en su cuota de adicionales por edad y/o cualquier otro hecho que implique el no tener acceso a su Derecho a la Salud.



miércoles, 1 de agosto de 2012

Omint deberá pagarle la educación privada

Condenan a Omint SA a otorgar a una chica que padece de encefalopatía crónica la cobertura de prestaciones educativas para personas discapacitadas. Sus padres habían presentado un amparo contra la compañía porque esta se negaba a cubrir los planes básicos educativos para la integración de su hija al nivel primario de una escuela privada.

Florencia B. tiene un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva con clínica de hemiparesia izquierda, trastorno que limita en gran parte su capacidad motriz y cognitiva.
A pesar de la discapacidad que sufre, Florencia cursa el nivel primario en el Colegio Mallinckrodt, una escuela privada común. Es asistida por un plan de integración completo a cargo de un equipo interdisciplinario.
Este plan integrador consiste en estrategias básicas de apoyo educativo, como el acompañamiento diario de una maestra que realiza tareas de adecuaciones curriculares y metodológicas, para todas sus materias, acorde a sus capacidades. Implica un trabajo también un trabajo de capacitación al cuerpo docente a cargo de su enseñanza y reuniones periódicas con un equipo terapéutico. El objeto de plan es ayudar a la integración de Florencia dentro del contexto escolar para poder progresar en el desarrollo de su aprendizaje. Gracias a ello, los avances de Florencia fueron importantes y pudo alcanzar el nivel escolar correspondiente a su edad, dice el expediente.
Cuando los padres de Florencia requirieron a la prepaga médica Omint SA la cobertura de los planes educativos de “Educación Común con Integración” y “Apoyo Escolar” para sustentar el desarrollo educativo de su hija, la empresa de medicina prepaga comenzó a poner trabas. Entonces decidieron llevar el tema a la justicia.
En un principio, el único requisito impuesto por la prestadora para dar curso a la solicitud había sido la inscripción de la escuela en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Pero una vez iniciada la causa, Omint fundó su defensa en base a otros requisitos, que al momento de la solicitud de las prestaciones no habían sido reclamados a la familia.
En su contestación de la demanda la prepaga dijo que para que efectuar la cobertura educacional en una escuela privada es necesario que no exista una oferta educacional estatal adecuada a las necesidades de la persona con discapacidad en la jurisdicción donde se reclama la cobertura. Asimismo sostuvo que el plan de “Apoyo Escolar” solicitado, se encuentra incluido en el “Modulo Integración Escolar”, lo que implica que tal apoyo se encuentra circunscripto únicamente al ámbito escolar y por lo tanto no correspondía pretender su cobertura en forma independiente.
Los jueces de la Sala E de la Cámara Nacional Comercial entendieron que la exigencia de la inscripción no resulta obligatoria para escuelas de Educación Común con proyecto integrador, como es el Colegio Mallinckrodt, según lo indicado por la normativa.  La claridad de las normas incluso hizo que la demandada durante el proceso judicial reconociera que dicha inscripción que requirieron en verdad no era obligatoria y que su falta no impide que los prestadores  puedan funcionar regularmente.
La ley 24. 901- que regula el sistema de prestaciones básicas para personas discapacitadas reconoce que las prestaciones educativas- dispone que las instituciones obligadas a brindarlas deberán hacerlo mediante servicios propios o contratados, y define la educación general básica como el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo.
La Sala manifestó que si bien la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud establece que este tipo de prestaciones educativas “serán provistas a aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de su discapacidad”, no sólo la demandada no presentó prueba que afirme la existencia de dicha oferta estatal, sino que en todo caso, de existir ella, debió informarle oportunamente a los actores y orientarlos en la búsqueda de dichas escuelas, tarea que no realizó. La conducta adoptada por la demandada durante el proceso judicial no resulta consecuente -consideraron los jueces- y, por ello, determinaron que atentó contra la doctrina de los actos propios y la condenó.
En cuanto al planteo de Omint sobre la prestación del plan de “Apoyo Escolar”, aquél también fue rechazado por los jueces. Coincidieron con la profesional que asistía a la menor, que señaló la importancia de su aplicación para reforzar los contenidos vistos en la escuela y así seguir desarrollando su aprendizaje. A su vez, explicaron que la normativa vigente afirma que dicho plan puede prestarse en “escuela común, en consultorio, en domicilio, en forma simultánea y/o sucesiva, según corresponda”, es decir, de forma independiente y simultánea al ámbito escolar.
A través de esos argumentos, la Sala Comercial E confirmó la sentencia de la jueza Margarita Braga, titular del Juzgado n°22, que ordenó a Omint SA la cobertura de las prestaciones solicitadas para Florencia

(Fuente: http://mercadoytransparencia.org/noticia/omint-deber%C3%A1-pagarle-la-educaci%C3%B3n-privada?piwik_campaign=newsletter)