Estamos a su disposición para efectuar cualquier reclamo ante su Obra Social o Empresa de Medicina Prepaga por denegación de cobertura, falta de autorización de prácticas, inclusión en su cuota de adicionales por edad y/o cualquier otro hecho que implique el no tener acceso a su Derecho a la Salud.



martes, 5 de marzo de 2013

Conceden Medida Cautelar Para Suspender Auto de la Cuota de la Prepaga ante la Falta de Justificiación


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial decidió admitir una medida cautelar innovativa con el fin de suspender el aumento de la cuota por la prestación del servicio médico a la actora, toda vez que la prepaga demandada no había justificado los incrementos con la previa autorización del órgano competente.

En la causa “A. O. c/ Sociedad Italiana de Beneficiencia en Buenos Aires s/ sumarísimo”, la demandada apeló la resolcuión del juez de primera instancia que había dispuesto, como medida cautelar innovativa, que debía suspender el el último aumento establecido sobre las cuotas por la prestación del servicio brindado a la demandante.

A su vez, dicha resoluión le impuso retrotraer el valor al de la cuota anterior y abstenerse de aplicar nuevo incremento durante la tramitación del proceso.

En su recurso, la recurrente negó enfáticamente que tal aumento hubiera obedecido a razones de edad, afirmando, en cambio, que los incrementos se justificaron "en aumentos generales, es decir aplicados al universo de socios del Plan de Salud del Hospital Italiano, entre los cuales se encuentra la actora".

Al analizar el presente caso, los magistrados que componen la Sala C consideraron que “no existen elementos de prueba concretos en autos, al menos en esta instancia precautoria, que efectivamente permitan inferir el extremo aducido por la sociedad civil accionada”.

En tal sentido, los camaristas señalaron que  la recurrente “no precisa que tales aumentos hayan sido permitidos por la autoridad de aplicación, pese a que el art.5 de la ley 26.682 (ley de medicina prepaga) dispone que el Ministerio de Salud de la Nación -que es a los efectos de dicha normativa la autoridad de aplicación- ejerce la facultad de "autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1°”.

Tras determinar que “la demandada no ha justificado los incrementos en previa autorización del órgano competente”, el tribunal determinó que “en tales condiciones, se justifica la suspensión precautoria del aumento con el alcance ordenado en primera instancia, toda vez que -sin otra cosa más que las manifestaciones de la demandada-, no podría admitirse aquí como procedente el cobro de sumas pretendidas en exceso de lo permitido por la ley o por la autoridad administrativa”.

A lo expuesto, los jueces agregaron que “la actora es persona mayor de 65 años de edad y, tal como admite la demandada, ella es afiliada a su plan de medicina prepaga desde hace más de diez años”, por lo que “es aplicable en el caso el art.12 de la ley 26.682, el cual establece que "a los usuarios mayores de sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez (10) años en uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad"”.

Luego de señalar que “cabe proceder en aplicación del afianzado criterio según el cual, ante un mayor peligro en la demora, cabe menguar la exigencia en el examen de los recaudos que condicionan la verosimilitud en el derecho, y viceversa”, la mencionada Sala entendió que “dicho peligro en la demora es evidente, como se advierte a poco que se tenga presente que el interés de la actora concierne a bienes de la vida que, como la adecuada atención de su salud, no admiten espera”.

A raíz de lo señalado, los camaristas decidieron en el fallo del  11 de septiembre de 2012, rechazar el recurso presentado y mantener la medida cautelar tal cual la había dispuesto el sentenciante de primera instancia.

(Fuente:www.abogados.com.ar)

Ordenan a Prepaga Mantener el Plan de Cobertura Médica Originariamente Contratado por los Afiliados al Mismo Importe


La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial concedió una medida cautelar tendiente a que se mantenga el plan de cobertura médica originariamente contratado por los afiliados y se fije como cuota mensual, provisoriamente, el importe abonado en períodos anteriores.

En la causa"R. M. A. y otros c/Swiss Medical S.A. s/ incidente de apelación art. 250 CPROC.", la demandada apeló la resolución que había ordenado mantener el plan de cobertura médica que originariamente gozaban los actores y a aceptar provisoriamente como cuota mensual el importe que venían abonando al mes de abril de 2012, previa caución juratoria.

Cabe destacar que en el presente caso, la acción había sido iniciada por M. A. R., I. R. y T. R. tendiente a que la accionada restablezca el servicio de cobertura a valores iguales a los de la cuota de abril de 2012.

Al analizar el recurso presentado, los jueces que componen la Sala B explicaron que “la procedencia de las medidas cautelares se encuentra condicionada a que se acredite la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora; éste exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que el peticionario aguarda de la sentencia por pronunciarse, no pueda en los hechos realizarse, porque a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten inoperantes”.

A ello, los camaristas agregaron que “el examen de la concurrencia del peligro en la demora pide una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar puedan restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia (CSJN, 11-7-96, "Milano c/ Estado Nacional")”.

Por otro lado, los camaristas resaltaron que “en los casos en donde se encuentra comprometida la integridad psicofísica de una persona, el criterio de apreciación de la protección preventiva debe ser amplio, ya que se encuentra en juego el desarrollo armonioso de uno de los bienes más apreciables de la persona, sin el cual los restantes carecen de posibilidad de concreción”.

Con relación al presente caso, el tribunal consideró que “la desafiliación de los reclamantes y el incremento decidido para su continuidad en el sistema administrado por Swiss Medical S.A. habría resultado prima facie exorbitante a la luz de las cuotas que habrían abonado los actores desde el año 2007”, agregando que “si bien no se han podido obtener los importes exactos del aumento, la demandada no negó haber pretendido mantener la afiliación con un incremento de alrededor de un 200%”.

En relación a la acreditación en el caso del periculum in mora, la mencionada Sala remarcó que “en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan”, por lo que resolvieron que “la solución propiciada es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende, que compromete la salud e integridad física de las personas, reconocidos por los pactos internacionales de jerarquía constitucional”.

Por último, al confirmar la resolución apelada, la mencionada Sala resolvió en el fallo del 12 de octubre de 2012, que “tratándose de los supuestos excepcionales previstos por el cpr. 200, la contracautela debe estimarse en función de la verosimilitud del derecho, las circunstancias del caso y los elementos del juicio actualmente disponibles”, a raíz de lo cual determinaron que “la caución juratoria dispuesta observa tales parámetros, ya que se entiende que una contracautela real sería contradictoria con la finalidad que se procura mediante el dictado de una cautela como la de la especie”.
(Fuente: www.abogados.com.ar)

La obra social no te jubila

La Justicia determinó que una persona debía mantener la obra social a la que pertenecía luego de haberse jubilado. Para el Tribunal, el hecho de que la actora haya obtenido el beneficio jubilatorio, “no significó que el vínculo antedicho debiera finalizar de manera forzosa, sino que subsistía en la esfera de la autonomía de su voluntad el derecho a permanecer bajo la cobertura de la accionada”.

La Cámara Civil y Comercial Federal, con el voto de los jueces Alfredo Gusmán y Graciela Medina, resolvió en los autos “Boaria, Teresa Aidee c/ Obra Social Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo” que a una jubilada le correspondía mantener su obra social aún después de haber obtenido el beneficio.

El expediente llegó a conocimiento del Tribunal luego de que la Obra Social apelara el pronunciamiento de primera instancia, el cual había hecho lugar a la demanda incoada por la actora y ordenó a la demandada “mantener y/o restituir definitivamente y de forma inmediata la afiliación y las prestaciones médico asistenciales de las que aquélla era titular”.

“El tema central del litigio no puede ser reducido al mero mantenimiento de las prestaciones una vez extinguida la relación laboral que motivó la afiliación originaria de la actora a la obra social demandada durante el lapso que prevé la norma citada sino que tiene un alcance más amplio, claramente expuesto en el escrito inicial: su posibilidad de mantener dicha condición una vez obtenida la jubilación ordinaria”, apuntaron los jueces al comienzo al analizar la cuestión de fondo.

Los magistrados transcribieron la parte pertinente del art. 16 de la ley de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, poniendo especial énfasis en la posibilidad que establece la ley de que los jubilados pueden mantener la afiliación a las obras sociales, y en que los jubilados podrán optar por incorporarse al régimen que instaura la ley, en cuyo caso cesarán las obligaciones reciprocas entre jubilados y obras sociales.

“Es sabido que la transcripción de textos legales puede resultar fatigosa, pero en este caso resulta necesaria a los efectos de demostrar que no asiste razón a la demandada cuando sostiene que la opción por una obra social que no sea el I.N.S.S.J.P. sólo fue implementada con el dictado de los decretos 292 y 492, ambos de 1995”, señalaron los jueces a continuación.

En tal sentido, para la Alzada, “el hecho de que la actora  afiliada a la obra social demandada durante su etapa laboral activa- haya obtenido la jubilación, no significó que el vínculo antedicho debiera finalizar de manera forzosa, sino que subsistía en la esfera de la autonomía de su voluntad el derecho a permanecer bajo la cobertura de la accionada”.

Los jueces citaron el art. 20 de la Ley Nº 23.660 y su reglamentación, que dispone “que los aportes a cargo de los jubilados y pensionados nacionales serán deducidos de los haberes jubilatorios, de pensión o de prestaciones no contributivas que les corresponda percibir, por los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas prestaciones, debiendo ser transferidos a la orden de la respectiva obra social dentro de los quince días corridos posteriores a cada mes vencido”. 

En virtud de la norma del párrafo anterior, la Cámara consideró que “cualquier eventual incumplimiento en ese ámbito no puede ser válidamente invocado ante la demandante para privarla de acceder a los beneficios que le corresponden, sin perjuicio de que la obra social plantee esa cuestión en el ámbito y por la vía pertinente”.

Por esos motivos, los sentenciantes sostuvieron que el derecho que estaba en juego en el juicio “se funda en la relación de origen anudada entre la actora y la obra social, sin tener relación alguna con el sistema de opción instaurado en dichas normas, que es posterior al nacimiento del vínculo antedicho”.

Por lo tanto, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que fue motivo de apelación.

(Fuente:www.diariojudicial.com)
http://www.diariojudicial.com/contenidos/2013/02/21/noticia_0001.html

Una respuesta a la educación inclusiva


El Ministerio de Educación porteño autorizó el ingreso a las escuelas estatales de Acompañantes Personales No Docentes (APND) para todas las personas con discapacidad. La medida llega luego del reclamo de más de 30 ONGs.
En diciembre pasado un grupo integrado por más de 30 organizaciones no gubernamentales reclamaron al Ministerio de Educación de la Nación y al de la Ciudad de Buenos Aires para que se “garantice el derecho de las personas con discapacidad de asistir a escuelas comunes inclusivas, junto a personas sin discapacidad”.
El pasado 15 de febrero tuvo respuesta la solicitud en el Ministerio de Educación de la Ciudad que autorizó, mediante la resolución 867/2013, el ingreso a las escuelas estatales de Acompañantes Personales No Docentes (APND) para todas las personas con discapacidad.
Hasta el momento sólo se autorizaba el ingreso a escuelas estatales de acompañantes para niños con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), “excluyendo así a los alumnos con otros tipos de discapacidad que también requieren este apoyo para facilitar su inclusión en las escuelas comunes” explicaron desde las organizaciones.
El documento presentado a fines del año pasado ante ambas carteras de educación se encontraba firmado, entre otros, por el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Síndrome de Down República Argentina (A.S.D.R.A.) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Con esta resolución del ministerio de Educación porteño, las ONG se pronunciaron considerando como “un valioso avance en la inclusión educativa de las personas con discapacidad y se comprometieron a seguir trabajando con el Ministerio de Educación porteño para modificar el procedimiento a través del cual se autoriza el ingreso de los APND a las escuelas estatales”.
El que docuento sostiene “debería implementarse un protocolo de actuación que garantice su autorización rápida y que asegure la inclusión”.
También consignaron que “debería eliminarse el requisito de que las personas que prestan el apoyo sean profesores de educación especial, psicólogos o psicopedagogos, y permitir el ingreso de todo profesional que cuente con la capacitación necesaria para garantizar la inclusión de los alumnos”, explicaron en un comunicado difundido tras la resolución de la cartera de Educación porteña.
Asimismo, “el Gabinete Central no debería tener intervención en el proceso de autorización, proceso en el que sólo debería participar el área de educación común”, consideraron.
(Fuente: www.diariojudicial.com)